Mano dura contra la corrupción

Luis Eloy Plasencia Torres.

“Y el mal viene de arriba, las confabulaciones para todas las iniquidades se consuman en lo más elevado. Aquí la podre contagiosa se oculta bajo el frac y la levita, no bajo la blusa ni el poncho”, así denunció a la corrupción peruana de su tiempo -en 1,889- el insigne escritor peruano, Manuel Gonzales Prada, en el ensayo intitulado “Los Beduinos” de su obra magistral “Horas de Lucha”.

Ha pasado más de un siglo, desde aquella época, y las cosas han empeorado.

La corrupción en nuestro país ha llegado al más alto nivel, al extremo de que tenemos al ex presidente Alberto Fujimori purgando sentencia de 25 años de cárcel por ladrón y asesino, junto a altos funcionarios, entre ellos generales de las Fuerzas Armadas y Policiales que fueron parte y cómplices de la dictadura más corrupta y sanguinaria que asoló el país durante 10 largos años (1,990-2000).

Al dictador corrupto, le  sucedieron en el cargo -en forma consecutiva- los expresidentes Alan García Pérez, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, cuyos gobiernos habrían recibido coimas millonarias de la constructora brasileña Odebrecht.

La empresa afirma haber pagado coimas en el Perú por 29 millones de dólares, en diversas obras, entre los años 2005 y 2014, es decir, bajo los gobiernos de los ex-presidentes indicados, logrando ganancias por más de 143 millones de dólares.

Odebrecht hizo esta revelación en base al acuerdo que ha firmado con la justicia de Estados Unidos. Admitió el pago de 788 millones de dólares en coimas a funcionarios gubernamentales del Perú, Venezuela, Ecuador, Angola, Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.

¿Y qué dijo el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, sobre este escándalo que otra vez pone al Perú  ante los ojos del mundo como un país rankeado en atraso y corrupción?

“Estoy totalmente en contra de la corrupción, pero no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto”, declaró PPK al diario gestión, luego de dos días de la celebración de Navidad.

Esa declaración ligera del Presidente sobre la corrupción generada por Odebrecht en perjuicio del Perú y otros países sonó como “roba, pero trabaja”, filosofía mafiosa que se puso de moda en la dictadura fujimontesinista. Ello sumado a los delicados decretos supremos contra la corrupción dictados por este gobierno, ha dibujado en el imaginario colectivo un PPK blandengue frente a este grave problema.

En el gobierno de Ollanta Humala, la Contraloría denunció penalmente a 13 mil funcionarios por corrupción para recuperar el dinero perdido, entre ellos tres exministros y 11 gobernadores regionales. Del total de los denunciados y pese a la abundancia de pruebas, solo fueron sentenciadas 700 personas con penas menores a cuatro años, sin prisión efectiva sino el cumplimiento de una serie de normas, como firmar cada mes o no salir del país. Solo 60 funcionarios están presos.

Es decir no existió -ni existe aún- voluntad de los jueces para sancionar, tampoco de los congresistas para investigar esos casos. El Perú está entre los 10 países más corruptos del mundo en materia de sentencias judiciales, según el último ranking del Foro Económico Mundial.   

Esta situación hace que la mayoría de los peruanos desconfiemos tanto de la justicia como de los políticos que ya han gobernado el país dejando una estela de robos y crímenes en perjuicio de las grandes mayorías.

Debemos recordarle a nuestro Presidente que el país pierde, anualmente, más de 3 mil millones de dólares por actos de corrupción de funcionarios, dinero que podría ser utilizado para construir más escuelas, postas médicas y carreteras que necesitan los pueblos del interior, especialmente, para salir de la pobreza.

Hay que poner mano dura a los corruptos, tal como lo hacen Alemania, Reino Unido, entre otros países desarrollados, cuyas leyes son las más avanzadas del mundo en la lucha contra la corrupción. La república de Singapur, por ejemplo, ha logrado disminuir drásticamente la corrupción  mediante una legislación severa y eficaz que redujo la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros de Asia.

En el Perú, para empezar, a los presidentes y ex presidentes de la República y altos funcionarios del Estado que sean sentenciados por corruptos se le debe aplicar la pena máxima que establecen las leyes y la Constitución y privarlos del sueldo vitalicio. No se debe premiar a criminales con cárceles doradas y jugosos sueldos porque éstos se aprovecharon del poder conferido por el pueblo para enriquecerse a costa del sufrimiento de los más pobres y del atraso del país.

El Perú necesita, con urgencia, leyes enérgicas contra los funcionarios corruptos quienes jamás deben gobernar ni ser trabajadores públicos después de haber sido sentenciados por haber cometido delitos en contra del patrimonio e intereses del Estado.

No más atraso, no más violencia, no más informalidad, no más desempleo, no más pobreza -con niños desnutridos y sin escuela-, no más narcotráfico, no más caos y subdesarrollo paridos por la deshonestidad. Pongamos mano dura contra la corrupción.